¿Qué es el Cryptocompliance? Por Pedro Viloria – Índigo Consultores

Durante la última década, la industria de las criptomonedas ha irrumpido en nuestra sociedad y se ha expandido a niveles muy significativos. Las criptomonedas son una forma completamente nueva de activo digital.

Los gobiernos de la mayoría de los países, todavía están debatiendo sobre cómo conceptualizar a las criptomonedas, pero al mismo tiempo, el mundo financiero tiene que seguir avanzando.

La mayoría de las instituciones de carácter conservador, que no comprenden el actual cambio civilizatorio, ignoran y se niegan a trabajar con empresas relacionadas a la criptografía. Sin embargo, el mercado de los criptoactivos se sigue expandiendo y dando buenos dividendos.

El mundo de las monedas FIAT no puede ser ignorado, la mayoría de las empresas «crypto» todavía se liquidan en monedas tradicionales (USD y EUR), haciendo que éstas tengan que cumplir con los estándares regulatorios internacionales.

Es ahí donde el Cryptocompliance y las políticas contra la legitimación de capitales entran en escena, convirtiéndose en temas de mucho interés.

Regulaciones en el ámbito de las criptomonedas

Con la aparición de la tecnología en el mundo financiero, y ahora «criptofinanciero», ha nacido una nueva serie de normativas tendentes a la regulación de las operaciones económicas.

Podríamos decir que una de sus naves insignia, entre otras, sería la Payment Services Directive (PS2D), que es una directiva europea que regula servicios de pago, la cual tiene como objetivos fundamentales la transparencia, la sana competencia y la regulación del desarrollo de dichos servicios.

Una de sus características principales es la exigencia a los proveedores de servicios de pago la verificación de identidad de los clientes.

La normativa obliga a las instituciones bancarias y a empresas cuyo objeto es el comercio electrónico a usar la autenticación de dos factores (2FA), la cual procede a comprobar la identidad del usuario con dos métodos de tres posibles.

Esta herramienta se denomina Strong Customer Authentication (SCA) y su misión es lograr la identificación de los clientes en base a 3 elementos, de los cuales las instituciones financieras deberán cumplir con 2.

También puede suceder, que algunas entidades le soliciten a las personas un código de un solo uso, el cual es enviado vía SMS, para tener acceso, por ejemplo, al portal del banco (o exchange) on line. De igual forma debe combinar los dos elementos de seguridad, confirmando la notificación enviada al teléfono celular. ¿Les suena familiar todo esto?

En el caso de la Quinta Directiva AMLD5 de la Unión Europea en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, la cual entró en vigencia el pasado 10 de enero (2020), es considerada la norma más importante y emblemática en la mencionada prevención.

La misma estipula que los sujetos obligados a colaborar en la detección de los delitos en cuestión son los proveedores de servicios de intercambio de monedas virtuales y custodia de monederos electrónicos.

Esta directiva exige realizar el análisis de los movimientos o transacciones desde dos perspectivas, contexto y finalidad, destacando las operaciones complejas, sorpresivamente elevadas, no habituales y de apariencia ilícita.

Como consecuencia, hemos observado, que varias empresas dedicadas a este nuevo sector, con la finalidad de monitorear las actividades de los clientes, ya se encuentran ejecutando políticas de verificación KYC (Know Your Customer), AML (Anti Money Laundering) y PEP (Politically Exposed Person).

Instituciones reguladoras

Tenemos, de igual forma, la óptica de la Financial Action Task Force (FATF) o Grupo de Acción Financiera (GAFI). A partir de la Recomendación 15 de sus 40 recomendaciones, podemos abrir el espectro del inicio de las regulaciones de orden significativo en el mundo de las criptomonedas.

Si bien es cierto que las antes citadas recomendaciones no son de carácter vinculante desde el punto de vista jurídico, el GAFI empezó a tener directrices; la primera de ellas con el llamado «Travel Rule», un término que comenzó a escucharse en junio del año 2019 en el marco de la Cumbre del G-20 en Osaka, Japón, donde proveedores y reguladores de activos virtuales discutieron sobre la ejecución de la nota interpretativa de la sección 7 (b) de la última directriz emitida por el GAFI, sobre el cómo evitar que las criptomonedas se conviertan en instrumento para la legitimación de capitales.

Esta «regla del viaje» instruye a los proveedores de los mencionados servicios (virtual asset service providers) VASP, a que colecten y envíen información de los usuarios en la medida que vayan realizando sus transacciones cripto-financieras.

Estamos de acuerdo entonces, con que los servicios KYC/AML/CFT (Know Your Customer/Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) son de obligatorio cumplimiento.

A lo que nos surge la pregunta: ¿Qué ocurre con esta nueva tendencia financiera de las criptomonedas y la muy comentada blockchain o cadena de bloques?

Muchos creen que es un universo anárquico lleno de malhechores y hackers que quieren dominar al mundo y resulta que no es así.

Estas conductas también se controlan. Lo que pasa, a diferencia de las finanzas tradicionales, es que no se puede identificar si la dirección del monedero de criptomonedas pertenece en su totalidad a una sola persona.

Pero como la tecnología de cadena de bloques es un libro de contabilidad abierto, público y transparente donde aparecen reflejadas todas las transacciones realizadas, a la hora de abrir una investigación, todas se pueden rastrear.

Rastreo de transacciones

Una de las herramientas más usadas para ello, son los software de cumplimiento, los cuales están diseñados para perseguir transacciones realizadas en criptomonedas y encontrar orígenes de direcciones.

Esto un Cryptocompliance que monitorea transacciones, brinda historiales y flujos de transacciones agrupadas, genera balances de direcciones y clusters (conglomerados o racimos) de origen de fondos encriptados, gestiona riesgos calculando sus índices, personaliza parámetros, genera alertas tempranas y envía informes detallados, entre otros.

Existen en la actualidad, casuística aportada por el FBI (Federal Bureau of Investigation) en la cual se han apoyado los programas de Cryptocompliance en la búsqueda, persecución y rastreo de intercambio de criptomonedas pirateadas o robadas.

También las estrategias de cumplimiento cripto, han permitido observar orígenes de fondos, puntajes de riesgo estimado, verificación de direcciones de billeteras que brindan perfiles y comportamientos de usuarios, revelando así transacciones sospechosas.

A todas luces, las empresas llamadas a implementar Cryptocompliance, son primeramente aquellas que brindan intercambio de criptomonedas y dinero fiduciario, que están obligadas a realizar monitoreo y control de las operaciones de sus clientes, dando como resultados, que éstas compañías, al utilizar programas de cripto-cumplimiento, brindarán mejores servicios y operarán de manera más segura conforme a la ley.

Permitir una cripto-orden, parcialmente relacionada con la legitimación de capitales o el financiamiento al terrorismo, puede ocasionar problemas de orden legal muy significativos para un negocio dedicado a este sector, ya que fungiría como facilitador de una actividad criminal.

En conclusión, creo que ha llegado el momento de establecer de forma definitiva, los parámetros entre la regulación, las criptomonedas, la tecnología blockchain y la nueva característica del dinero digital, la privacidad.

No se sabe a veces, dónde se encuentran estas fronteras en su estado actual. Pero la idea, es seguir desarrollando todo este mundo, dado que que las personas que se dedican a la actividad ciber criminal, van ingresando progresivamente a lo procesos de la economía cripto-financiera para perpetrar hechos delictivos.

Por: Pedro Viloria – Indigo Consultores

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