La Cámara de Representantes de Antigua y Barbuda recibió nuevamente el proyecto de ley de regulación de criptomonedas, para revisar detalladamente el contenido de sus enmiendas.
La propuesta de ley para los activos digitales en el país caribeño fue aprobada el pasado 27 de mayo por la Cámara Baja. Sin embargo, el Senado decidió devolverlo ante esta instancia para pulirlo antes de ser aprobado completamente.
Según informó el medio local The Daily Observer, la presidenta del Senado antiguano, Alincia Williams-Grant, afirmó que algunas de las enmiendas propuestas eran tan «sustantivas» que alteran la esencia del proyecto de ley.
Por su parte, la joven senadora Aziza Lake consideró que las leyes sobre criptomonedas en Antigua y Barbuda deben considerar a las billeteras digitales sin custodia.
“Con este tipo de billetera, el riesgo de violación de datos es mínimo porque solo tú eres quien tiene esa frase mnemónica; no hay nadie más que lo tenga, así que no hay nadie que pueda entrar”, afirmó Lake.
Por ahora, el proyecto llamado «The Digital Assets Business Bill 2020» sólo contempla las billeteras de custodia, que almacenan y gestionan las claves privadas de un cliente.
Asimismo, la senadora Aziza Lake también manifestó la importancia de precisar mejor las definiciones de las clases de licencias incluidas en el proyecto.
De igual manera, el senado antigüano abogó por fortalecer el marco legal en el uso de las criptomonedas, así como también facilitar el registro de las empresas locales como compañías de activos digitales.
Paraíso de criptomonedas
La propuesta de ley contiene el marco legislativo para el manejo de los negocios en criptomonedas que, tras su aprobación, deberá hacer cumplir la Comisión Reguladora de los Servicios Financieros de Antigua y Barbuda.
El proyecto tiene como objetivo atraer al mercado de las criptomonedas y sus ventajas financieras a la islas caribeñas, planteando la necesidad de regular el uso de la tecnología blockchain y proteger los intereses de sus clientes.
La ley obligará a todas las empresas que trabajen con activos digitales a obtener una licencia para ello. Su incumplimiento será multado por hasta $250.000 y en casos graves con penas de cárcel.
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